Una de las mayores desgracias que puede sufrir cualquier persona es tener un gobierno imbécil. Una tragedia todavía mayor es que sus gobernantes sean unos asesinos. Los japoneses saben muy bien de lo que estoy hablando. En las últimas reuniones con los enviados del gobierno, han comprendido que son prescindibles. Cuando alguien no importa ni siquiera recibe desdén, simplemente es ignorado. Los japoneses son muchos y viven en un país pequeño, por eso son muy organizados y actúan como un enjambre. Es un pueblo tan civilizado que da miedo observarlo. Saben lo que deben hacer y maniobran en las circunstancias más difíciles como una sola persona, rara vez cuestionan la autoridad. No se les pasa por la cabeza que los encargados de organizar cualquier situación, desde una empresa a una manifestación, desde un partido político a una emergencia por terremoto, puedan llevar a cabo sus planes careciendo de la mínima integridad ética o llenándose los bolsillos a espaldas del pueblo. Para los japoneses, la honradez y la decencia se presuponen de tal manera que ser pillado en falta borra al individuo del mapa social. Es una mancha que desaparece únicamente con la muerte del sujeto, porque no soporta la humillación que supone avergonzar a familiares y amigos con una conducta reprochable. Tras la segunda guerra mundial, muchos japoneses creyeron que terminaba el mundo cuando el emperador confesó por la radio que no era dios y que habían perdido la guerra. Se quedaron pasmados y en estado de shock, muchos se hicieron el harakiri. Haber sido engañados durante generaciones les resultaba impensable. Algo parecido puede ocurrir hoy, aunque sea por circunstancias distintas.

  Si a un país entero le haces creer que es la leche en patineta, si le empujas hacia una organización casi de carácter militar —de cara a soportar cualquier desgracia que sobrevenga—, si le lavas el cerebro en la empresa para que la sienta como si fuera un músculo propio, hay que responder después como un solo organismo, no te puedes encoger de hombros para huir de la negligencia o la imperfección que en otros pueblos sería lógica pero que en Japón resulta vejatoria.

  Los más jóvenes han ido comprendiendo que tras esta manera de hacer reside una hipocresía alucinante, pero los más mayores todavía se la creen hasta el tuétano y exigen a sus jefes que se comporten como corresponde. Por eso se quedan atónitos ante la abulia del gobierno con la realidad de Fukushima, incapaces de responder a la agresión que supone el olvido de cientos de miles de personas, abandonadas a su suerte.

   La fusión de todos los reactores tras el terremoto y la enorme radiactividad que sufre el norte del país, la contaminación de los océanos, los animales, las tierras y las personas, ha sido infravalorada por el gobierno nipón de forma constante y premeditada. Se apoya más a la empresa nuclear que a la ciudadanía que sucumbe a la desgracia y cuando se piden explicaciones se levanta un muro de silencio alrededor de la realidad. Los japoneses están desamparados. La tragedia es de tal magnitud que es imposible escapar a la misma durante generaciones. Cuando las gentes piden que se les evacúe, al igual que hicieron los rusos en la época soviética, cuando sobrevino el desastre de Chernobil, los gobernantes se encastillan en cifras ridículas y afirman que cualquiera es libre de marcharse donde quiera, pero no asumen la responsabilidad que implica el gobierno ni las exigencias populares. Se resisten a admitir la magnitud de la catástrofe y negando una información veraz condenan a los japoneses, para mayor gloria del país, a un sacrificio silencioso. La sociedad despierta ahora de la pesadilla y comienza a encararse con sus mandatarios exigiendo un mínimo de dignidad.