Nadie debería discutir la importancia de una asignatura como la Educación para la Ciudadanía, sin embargo, gracias a unos padres obsoletos de Bollullos del Condado, en la provincia de Huelva, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido la objeción de conciencia a un alumno que cursa el tercer grado de la ESO. Por lo visto, la fiscalía anunció ayer que impugnará ante el Supremo la sentencia para intentar unificar doctrina en este asunto ya que resultaría contraproducente que en Asturias o Cataluña se impida lo que en Andalucía se permite. Hay que tener en cuenta que, según las fuentes del PP, podría haber unas treinta mil demandas cursadas. Según pudimos escuchar en labios de Rajoy durante los últimos debates televisados, los socialistas se han ocupado de menudencias en la legislatura mientras los grandes problemas económicos pasaban de puntillas. A su juicio, la Ley de Memoria Histórica, el matrimonio entre homosexuales, la Alianza de Civilizaciones o esta asignatura cívica, son las tonterías a las que no habría que prestar tanta atención, pero la conducta conservadora indica lo contrario. Amueblar las cabezas de generaciones futuras debe ser más fundamental de lo que parece si los populares se emplean tan a conciencia contra estas materias, no se explica si no por qué pierden tanto tiempo y dinero en criticarlas continuamente. De la misma manera que es lógico que en Cataluña se hable el catalán y que es propio de personas inteligentes aprender su idioma, sobre todo si pretenden vivir e integrarse en dicha comunidad autónoma, resulta más coherente todavía que los más jóvenes, los que llevan camino de convertirse en adultos, aprendan a respetar las normas básicas de la convivencia ciudadana. Si la Memoria Histórica viene a restituir la dignidad de miles de familias, tres cuartos de lo mismo ocurre con los derechos de los homosexuales en materia de casorios y de adopción. Las discriminaciones de raza, sexo o cualquier otra causa no están permitidas por la Constitución, así que es obligación de todos favorecer la normalidad y la más elemental higiene psicológica para que se desarrollen con garantías las reglas del juego político y social. Oponerse a la evolución supone resistirse a perder los privilegios adquiridos. Los concordatos y las concertaciones vienen a paliar un déficit de centros escolares en la educación pública, circunstancia que favorece las taifas católicas en la enseñanza. El Estado tendría que ir construyendo nuevos colegios e institutos en zonas deficitarias al mismo tiempo que reduce sus aportaciones a las escuelas de la Iglesia. Resulta evidente que la elección de estos centros no se realiza por convicción sino muchas veces por cercanía al domicilio donde están empadronados los alumnos.