Está causando una soterrada alarma social en Zaragoza, la detención del pasado martes por un delito relacionado con la pornografía infantil de dos individuos cuyas profesiones tendrían que estar limpias de cualquier sospecha. Un psiquiatra del Hospital Clínico y un alto mando de la Policía Municipal recibieron sendas visitas de la Guardia Civil en sus domicilios, donde se incautaron de abundante material pornográfico basado en la utilización de millares de niños entre los diez y los dieciséis años de edad. Durante el registro desconozco si aparecieron por el rellano sus respectivos vecinos con los pelos de punta y soltando quién se lo iba a imaginar, ¡con lo respetable que era este sujeto! No nos equivoquemos. Ahora la respe-tabilidad es una gabardina digital. La utiliza el moderno hombre de los caramelos para llevarse al huerto a los nenes del chat. El disco duro del ordenador se ha convertido en la caja negra de la conciencia y el hombre de los caramelos en el hombre de los archivos MPEG. No basta con parecer respetable, también hay que serlo. Produce escalofríos comprobar la diferencia entre la ficción laboral y la realidad virtual. La mente recuéncana de un pedófilo puede habitar el cuerpo de un policía o de un psiquiatra durante ocho horas y después campar a sus anchas por las cloacas de internet, el parque infinito donde satisface sus más bajos instintos, sin que nadie le salga al paso.
    Desde el viejo caso de la Discoteca Archy, donde se pilló con las manos en la masa a la flor y nata madrileña, cuando menos resulta desconcertante el rumbo que están tomando las investigaciones sobre este tipo de delitos. Una multa y un añito de cárcel por la tenencia de películas en las que se veja y degrada a menores de edad no parece un castigo, máxime si no tienen antecedentes, porque estos pájaros vuelven al nido como si nada hubiera ocurrido. Otra cosa es que se demuestre que han traficado con las imágenes o participado en acciones más escabrosas. La denegación de auxilio, sin embargo, curiosamente desaparece de las imputaciones, cuando un psiquiatra o un policía deberían ser los primeros en comprender este concepto. ¿Acaso su pedofilia los incapacita profesionalmente? ¿O es que en el fondo no se quiere entender que alguien de dieciséis años - por ejemplo - es legalmente un menor? A penas se comienza a tratar el asunto cuando estas dos in-cómodas preguntas nacen todavía en cualquier tertulia de forma espontánea. Hacer distingos entre las edades conduce al encogimiento de hombros. Dejar hacer, dejar pasar. Si la madurez de un niño es materia subjetivable, no entiendo por qué la de un adulto no puede serlo. Un pedófilo tampoco lo comprende, pero es porque le interesa en última instancia que le consideremos un enfermo. Un enfermo, al menos un enfermo consciente de que lo es, se hubiera denunciado a sí mismo por lo imparable de su conducta obsesiva. En el caso concreto del psiquiatra ha tenido setenta mil oportunidades de hacerlo, tantas como archivos de pornografía infantil que se han encontrado en su ordenador hogareño. Si no lo ha hecho es porque sabía muy bien lo que estaba haciendo, y si lo sabía tendrá que abandonar su práctica profesional tras una investigación a conciencia.