«Stjórnlagaráð», la comisión encargada de elaborar una nueva constitución para Islandia, acordó ayer por la tarde un capítulo fundamental sobre los derechos humanos y la naturaleza de aquel país escandinavo. El capítulo recoge más de treinta disposiciones, el doble que la actual, garantizando la protección del medio ambiente y estableciendo que los recursos naturales (desde la pesca a la minería pasando por la geotérmica) no son de propiedad privada sino públicos y a perpetuidad. No pueden ser vendidos ni hipotecados. Además, el gobierno está obligado a informar a la sociedad sobre el estado real del medio ambiente, responsabilizándose ante la nación de la veracidad de sus informes. Justo lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, donde se cambian de lugar los medidores para disfrazar la contaminación urbana.

  Islandia no es España. Ni en tamaño ni en población, ni siquiera en la complejidad de los problemas económicos, pero como ejemplo de cambio social es bastante aceptable. La cercanía entre los jefes y la sociedad islandesa es fácil: son pocos habitantes y se conocen de cerca. Llegar al Althing, el parlamento de aquella isla norteña, y sellar unos papeles no deja de ser un acto simple y burocrático. Aquí, para entregar una propuesta en el Congreso hay que hacerse con un traje de marca, enfundarse corbatas y disfrazarse de pijos. Colarse por el cordón policial de plaza de Neptuno es una aventura, porque debes asegurar que estás alojado en un hotel de cinco estrellas y sortear desde allí a la policía de Las Cortes con los más variados subterfugios. Parece un entretenimiento pero en el fondo es una soberbia pérdida de tiempo y energía. Y todo para introducir en el registro de la cámara un documento de carácter informativo, el que han elaborado las marchas del 15 M en su trayecto por pueblos y ciudades hasta llegar a la Puerta del Sol.

  La distancia entre electores y políticos es tan enorme que resulta imposible realizar un contacto en la tercera fase. Los islandeses, sin embargo, tras las revueltas que hicieron caer al gobierno, han logrado romper las barreras e imponer su soberanía elaborando ahora por medio de las redes sociales otra Constitución. Algunos de sus artículos, como el 22, garantizan el derecho a la seguridad y asistencia sociales, del desempleo a la maternidad, la vejez, pobreza, discapacidad o invalidez e imponiendo una atención sanitaria gratuita. Blindando mediante una ley mayor los derechos sociales, frente al instinto depredador de los neoconservadores, creen que han desarrollado una herramienta de primera magnitud. Y sin duda lo es, pero estos derechos, aunque parezca broma, ya están recogidos en la Constitución Española y sin embargo se van desmontando progresivamente. Ayer se cerraban ambulatorios en Cataluña ante la protesta de los vecinos y el estupor de la población. ¿Cómo es posible que los derechos de una carta magna, a la hora de la verdad se evaporen?

  En la nueva constitución islandesa se recoge el «habeas corpus» como derecho fundamental, por lo que no se permite la retención de las personas, como ocurre aquí gracias al infame exministro Corcuera y su célebre patada en la puerta. Todos los privados de libertad se considerarán detenidos y deberán conocer de qué se les acusa. No se acepta acción degradante o despectiva, humillación o tortura de ninguna índole, tanto en la calle como en dependencias policiales, y en caso de juicio y condena no podrá aplicarse al reo la pena de muerte. Sobre el papel nuestra constitución es tan avanzada como la islandesa y en la práctica, sin embargo, resulta retrógrada y tercermundista. Porque cualquier sujeto puede ser arrestado sin cargos y tiene además el deber de identificarse ante su captor, cosa que no sucede al revés, de modo que los ciudadanos son considerados sospechos hasta que prueben lo contrario.

  En materia militar, los islandeses nos llevan ventaja porque carecen de ejército, circunstancia que se mantiene en la nueva constitución. También van por delante en cuanto a su fórmula de gobierno, porque una república parlamentaria es muy distinta de una monarquía constitucional. Los reyes salen carísimos y no aportan nada que no pueda ofrecer la presidencia republicana. En las elecciones generales han creado también una circunscripción única, con listas abiertas y paritarias, exigiendo a los candidatos una reputación intachable. Los diputados quedan eximidos de seguir la disciplina de voto de sus partidos. Además, un 2% de los electores puede cambiar a un diputado en el parlamento si se porta de manera deshonrosa y un 10% de la sociedad puede presentar un proyecto de ley. A mi juicio, en esta constitución que están elaborando los islandeses, les falta todavía incluir la participación directa de la ciudadanía en política mediante las redes sociales. Si lo están haciendo ahora, conviene asegurar este derecho por ley de cara al futuro. Máxime cuando han conseguido que todos los referendum sean vinculantes.

   En el terreno de las anécdotas, llama la atención que no se pueda ejercer la presidencia del gobierno antes de cumplir 35 años, como si se estableciera en esa edad la completa madurez de una persona. Dicho cargo no debe tener ninguna remuneración, aparte de la adjudicada por el parlamento, y otorga la potestad de indultar a reos, salvo que sean de su propio gobierno. Los ministros no votan en la cámara, excepto el primer ministro, y pueden ser elegidos sin tener acta de diputado.

  Este análisis tal vez parezca exahustivo, pero relatar la experiencia islandesa, cuando es la primera en el planeta donde los ciudadanos se convierten en madres y padres de su propia constitución, a mi juicio resulta muy interesante. Lo hacen de manera abierta en Facebook, donde debaten y votan las propuestas. Esta fórmula tan peculiar no goza de seguimiento en prensa pero ofrece un espectáculo democrático francamente ejemplar.

  Sin ir más lejos, y en el capítulo de los principios de igualdad, más amplios que en la constitución todavía vigente, se dispone que a todos los ciudadanos islandeses se les garantiza el derecho a vivir con dignidad, protegiendo de forma especial el bienestar de la infancia. En nuestra constitución también se aceptan estas demandas como fundamentales, pero el derecho a una vivienda digna es conculcado cuando las personas son desahuciadas de sus domicilios porque no pueden hacer frente a los pagos del alquiler o la hipoteca. En ese instante la dignidad desaparece y se quedan en la calle. ¿Para qué sirve un derecho si no puede protegerse? Tendrían que establecer una serie de mecanismos de compensación frente al desamparo, resortes que saltaran de forma automática cuando las personas sean incapaces de afrontar su vivienda y su sustento.

  Cuando visité Islandia, mucho antes de la denominada «crisis económica», los islandeses tenían una protección de desempleo impensable en España. Entonces gozaban de un sueldo mensual —sin límite de tiempo— hasta encontrar un trabajo. Desconozco si ahora esta ventaja se ha ido al garete y si la desprotección es similar a la nuestra, pero los ciudadanos de aquel país están convencidos de que la nueva Constitución debe garantizar los derechos que perdieron antes del crack para que no vuelva a repetirse. Por eso consideran que el derecho a una información veraz, rápida y transparente es básica en estos tiempos. Prohiben la destrucción de documentos públicos y protegen la línea editorial de los medios de comunicación siempre que faciliten la lista de sus propietarios. Aseguran la independencia de los periodistas y las fuentes de sus informantes, a la vez que prohiben expresamente la interrupción del acceso a internet. El derecho a informase en la red se considera necesario en el país del hielo porque sin ese acceso libre sería imposible, entre otras cosas, elaborar en vivo y en directo una constitución tan popular como la que ahora están constuyendo. La islandesa, es una conducta fácil y sencilla de copiar, por esa razón los gobiernos y los medios no le prestan el interés y la importancia que en realidad tiene.