He leído con estupor el artículo publicado por Ángela Abós, jefa del PSOE aragonés, en la prensa convencional y he tenido que volver sobre las frases una y otra vez porque no podía creer lo que esta señora había escrito. Las clásicas comparaciones entre kaleborrokas e indignados y la comprensión que muestra hacia uno de los líderes mediáticos, el lamentable Jiménez Losantos —de «Interlobotomía»—, se entrelazan en críticas contra un 15 M que, a su juicio, «no ha sabido, querido o podido concretar en un documento sólido su alternativa real». Lo titula «mejor no confundir» y al pie del mismo lo rubrica, para mayor escarnio, la presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón.

  Cada cual es libre de expresar lo que quiera a título individual, pero si lo hace como representante de una entidad de carácter público debe estar sujeta a las correspondientes responsabilidades que se deriven de sus palabras. Diputados y concejales suelen ocupar varios cargos de manera simultánea, cobran por todos ellos y se aúpan en el que más les conviene para utilizarlo como palestra de sus opiniones, así que, pese a la coletilla registrada al pie de su escrito, entiendo que doña Ángeles no expresa otra cosa que sus inquietudes personales. Lo triste es que las vierta con resentimiento tras haber perdido las elecciones y que, lejos de asumir sus carencias, culpabilice al movimiento surgido a partir de las movilizaciones del pasado 15 de mayo, de su pérdida de votos y escaños. La malsana costumbre política de proyectar los errores propios en conductas ajenas ahora se denomina autocrítica, pero se trata en realidad de una tergiversación que sólo sirve para disfrazar un fracaso y escurrir el bulto.

  Partidos y centrales sindicales se hallan inmersos en un floreado debate que termina desgraciadamente señalando a la sociedad sobre lo que puede o no puede hacer, pero rara vez la escuchan. Dibujan líneas rojas en el asfalto sin otro propósito que continuar maniobrando a sus anchas y levantan agravios comparativos para no ofrecer las respuestas que se les reclaman. Las centrales sindicales, por ejemplo, aseguran que la convocatoria de una huelga no la realiza la ciudadanía en su conjunto sino los agentes sociales designados a tal efecto, pero se desentienden cuando se les pide responsabilidades sobre los inútiles acuerdos que firman. Los partidos políticos nos cuentan que la democracia no es participativa sino representativa, fundamentando su trabajo en que lo desempeñan por nuestro bien y que les debemos a cambio un bonito sueldo, un retiro gozoso y una excelente pensión, a parte de una obediencia sumisa durante cuatro años. Si no nos gusta podemos votar otras siglas, aunque hagan igual que las anteriores. La democracia representativa nos ofrece lentejas, las tomas o las dejas. ¿Y las discrepancias? Resuélvanlas ustedes con la policía... Es lo que hay, ¿no?

   El movimiento del 15 de mayo es de carácter horizontal: carece de líderes y sus decisiones se toman en asambleas. Por lo que yo conozco no tiene el más mínimo interés en convertirse en partido político, al contrario, surgió de manera espontánea con el sano propósito de que nuestra democracia evolucionase. Ha dejado claro mediante plataformas y asambleas que políticos y agentes sindicales son únicamente gestores, nunca dueños ni tampoco intérpretes de la soberanía popular, así que no deben arrogarse el papel de ventrílocuos. Es alarmante que los medios de comunicación tradicionales, en vez de hacerse eco de las demandas y las propuestas sociales, deformen la realidad o la conviertan en un pobre espectáculo, pero la actitud de estos holdings empresariales y los intereses económicos que defienden no han podido ocultar la pacífica indignación social ni sus exigencias ciudadanas.

  Durante largas jornadas de debate público se alcanzó un consenso de mínimos en las plazas mientras los políticos no hacían otra cosa que preocuparse por la higiene o la limpieza, asuntos que estaban cubiertos desde un principio. Jamás se cuestionaron la razón de la protesta y cuando lo hicieron fue con el propósito de desmantelarlas. Los cuatro puntos fundamentales constan en internet y Google los ofrece sin dificultades, incluso llegaron a debatirse de manera veloz y efímera en el Congreso de los Diputados —si mal no recuerdo fue el martes— recortándose hasta construir con ellos un chiste sobre la transparencia institucional. A estas alturas, caerse del guindo comentando que el 15 M no ha sabido, querido o podido concretar sus demandas evidencia hasta qué punto la casta política necesita de la sanidad pública, aunque sea para acudir al otorrino y en los casos más agudos para ponerse en manos de psicólogos o psiquiatras. La ciudadanía está cansada de tanta manipulación y considera que sus políticos no les representan, entre otras causas porque no persiguen el bien de la mayoría sino que fomentan los privilegios de las grandes corporaciones. En las leyes y en los presupuestos de las instituciones es cuando los políticos se quitan la máscara y demuestran a quiénes representan de verdad.