Como telón de fondo veraniego se está produciendo una radicalización —no sé si xenófoba, racista o simplemente imbécil— en los contenidos patrióticos de algunos insignes nacionalistas. Los nacionalismos, me da lo mismo que sean europeístas, españolistas o catalanistas, acaban derrotando la inteligencia cuando inventan y promueven ejemplos estúpidos de supremacía deportiva, militar o económica. Los ejemplos se pasan por el tamiz de un odio visceral a la diferencia, inculcando miedo en los maquetos y asco entre los paisanos, pero defender cualquier causa convirtiendo a los demás en malnacidos e hijos de puta, como señalan en sus respectivos blogs Joan Puig y Lluis Suñé, deposita sus ideas a la altura misma del barro. A estas alturas de convivencia peninsular algunos nacionalistas catalanes se consideran los únicos solidarios con los extremeños y por lo tanto esperan de ellos que les rindan agradecimiento y pleitesía. No es raro que se crean una ONG, que es un convencimiento tan próximo al de muchos técnicos y directivos empresariales, sobre todo cuando riñen con los trabajadores sobre convenios y derechos colectivos. Ahora que los políticos están discutiendo, o eso dicen, la organización del Estado en los presupuestos y el reparto de los dineros, sale a la luz que una parte nada desdeñable de los impuestos recaudados en Cataluña revierten en otras zonas del Estado, circunstancia que levanta apollas entre los independentistas y que eleva el tono de las disputas llegando al escarnio y los insultos. El problema de base, en el campo político, sigue siendo que la organización del estado autonómico nunca se completará con una Constitución como la nuestra, donde el invento del término «autonomía» lo dice todo y a la vez no dice nada sobre competencias económicas. El Senado, además, es una cámara muerta donde los elegidos se limitan a vegetar tan rícamente en sus escaños mientras la territorialidad se dirime en el Congreso, el Gobierno y las nacionalidades históricas. El propio sistema electoral inyecta en vascos y catalanes un poder enorme de decisión en el conjunto, siendo sus partidos más fuertes los encargados siempre de establecer bisagras, negociar acuerdos y mediar entre los dos grandes bloques de opinión política estatal. Esta última polvareda sobre el Estatut la ha levantado el ministro Solbes, que cerró la puerta al nuevo modelo de financiación propuesto por Montilla, el presidente de la Generalitat, aludiendo a las dificultades económicas que atravesamos y a la necesidad de orquestar una fórmula más solidaria, lo que ha provocado adhesiones inquebrantables entre catalanes por un lado y españolistas por otro. Sin embargo, aquí y ahora, no se habla de otra cosa que de dinero. Los malnacidos y los hijos de puta lo son o no lo son al margen del capital que disfruten, así que tendrían que volver las aguas a su cauce y aparcar vocablos mal sonantes, propios más bien de las mentes poco formadas que de gente con ciertos estudios, para aproximarse a una realidad más coherente. Es nefasto seguir pagando a los senadores cuando no tienen trabajo, y tanto los socialistas como los populares, por un lado, y los catalanes y vascos, por otro, se muestran poco animados a potenciar la cámara de los señoritos. Hoy es un gasto superfluo mantener la burocracia de unos cientos de representantes que no representan nada, al menos nada que no pueda hacer el Congreso de los Diputados, de modo que habría que empezar por darles un sentido o desmantelar la institución definitivamente. Llevamos décadas con este asunto sobre la mesa y sigue sin resolverse, ¿será que el quid de toda la cuestión está precisamente ahí, en el lugar donde las viejas glorias de los partidos se mueren literalmente de aburrimiento? ¿No será que si se toca el Senado, toda esta gran mentira autonomista caería por su peso?