Lo último que se ha conocido en materia de estupideces políticas es que la alcaldía de Zaragoza está dispuesta a fundirse en una consultora más de dos millones de euros para que le digan por dónde hay que recortar. O para ser más precisos, cómo hay que meter la tijera sin que se note demasiado. ¿Se trata de una operación de maquillaje? Resulta fascinante que para ahorrar dinero, de una forma tan indecorosa como poco inteligente, haya que regalárselo antes a los amiguetes. Saben nuestros próceres que están condenados a seguir los anormales procedimientos que impone la Unión Europea, aquellos que firmarán a finales de la semana próxima los presidentes de gobierno —el Pacto por el Euro— y que priman una vez más el interés de unos pocos frente al sacrificio de la mayoría. ¿Cómo se torea, bajo este contexto, el acuerdo de gozar de un alcalde supuestamente progresista en esta ciudad manteniendo al mismo tiempo los recortes sociales que piden las corporaciones financieras? ¿Mediante el uso de una publicidad encubierta? Nadie entiende aún por qué se continúa contratando empresas y externalizando servicios cuando los funcionarios del consistorio —el servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo, por ejemplo— ya realizan estas faenas. Es incomprensible que sigamos pagando sociedades anónimas que bajo la apariencia de municipales —como Zaragoza Cultural o Zaragoza Deportiva, por citar dos viejos modelos— no hacen otra cosa que entorpecer el trabajo que prestan los funcionarios del consistorio, derivando sueldos y capitales hacia empresas con ánimo de lucro que pagamos entre todos. Es vergonzoso que, en la situación de crisis forzada que estamos viviendo, la única salida que ofrezcan los políticos sea continuar por el mismo camino.

   El caso del ayuntamiento zaragozano no es excepcional porque la toma de posesión de las cortes aragonesas el martes 21 —a cuyas puertas se ha convocado un funeral la acampada de Zaragoza —volverá a obsequiarnos con una legislatura que se presume decrépita. Las sociedades anónimas que dejan el Pirineo hecho una cochambre, al estilo de Aramón, o los fabulosos gastos en el Motorland de Alcañiz, que benefician a cuatro desgarramantas, van a sangrar las arcas públicas como en años anteriores. La Diputación General de Aragón seguirá recortando en sanidad y educación, privatizando lo que les venga en gana, mientras los políticos trapalean con las poltronas. De hecho ya han cambiado la investidura de la jefa por la presidencia de la cámara, llegando al colmo de prestarse senadores para conseguir grupo parlamentario en Madrid. La democracia representativa permite que la voluntad de la soberanía popular expresada en las urnas cada cuatro años, al día siguiente acabe en agua de borrajas.

  Nadie recuerda, por ejemplo, que las leyes firmadas en el parlamento catalán constasen en cualquier folleto de los partidos. Se ignora por qué sus programas durante la pasada campaña electoral contenían palabras huecas e intenciones vanas y sin embargo dieran lugar a soberbios tijeretazos en los presupuestos. ¿Se produce un fraude de ley, es fruto de la hipocresía o hablamos de estafa monda y lironda? ¿Quién ampara a los ciudadanos cuando los partidos disfrazan, incumplen o tergiversan sus intenciones? ¿Cómo es posible que se recorte el estado del bienestar y sin embargo engorde el bienestar del Estado, entendiendo por Estado a los que dicen representarnos? Daña la vista que el ayuntamiento de Madrid, como pretende también el alcalde de Zaragoza, convierta a los concejales en «diputados municipales» y cree una estructura superpuesta en la corporación, favoreciendo de esta manera a una treintena de altos cargos —libremente designados— que se embolsará anualmente cada uno noventa mil euros. La sordera institucional, a estas alturas, no produce ya la indignación o el hartazgo de un principio, ahora resulta más bien una hiriente tomadura de pelo. Mientras la población se defiende de los deshaucios en las calles, la casta política y financiera bloquea en los parlamentos cualquier medida que reduzca el daño social que se produce a la ciudadanía: privatiza y recorta a la vez que aumenta sus privilegios. Están pidiendo a gritos otro baño de multitud, el que se producirá mañana en toda España contra el pacto del euro para subrayar de nuevo que la sociedad no quiere ser mercancia en manos de políticos y banqueros.