No se da demasiada importancia al atún que tienen montado en el Tribunal Constitucional. Resulta escandaloso, sin embargo, que los dos partidos mayoritarios estén enzarzados en la pelea de quitar y poner jueces como si fueran golosinas. Peligrosamente se aparta la ética y las leyes para conseguir resultados políticos y un tribunal característico se está convirtiendo a fuerza de maniobras rocambolescas en una tercera cámara, con el desprestigio que una acción de este calibre conlleva. Dos leyes han tenido la culpa: el nuevo estatuto catalán y el matrimonio gay. Dos leyes que fueron aprobadas por el Congreso de Diputados se encuentran de pronto sobre la mesa del Constitucional, situación que provoca un poltergeist de togas, sillas, despachos y hasta cintas de video. Comprendo que los jueces, como seres humanos que son, gozan de afinidades, simpatías y si me apuran hasta de ideales. Comprendo también la presión que soportan y cómo los tejemanejes dificultan su objetividad, pero salta a la vista que los políticos se han comido a los jueces entre pan y pan. Resulta imposible de entender cómo llegan un par de leyes netamente convivenciales a sacrificar la justicia misma. Dar lugar a una situación así es forzar las clavijas del sistema. El Constitucional no debe entrometerse en la tarea legisladora de los diputados hasta llegar al extremo de arruinar leyes que reglan la convivencia entre los pueblos o sus gentes, no es su cometido. Para eso está la soberanía popular, los votantes. Si a los votantes no les gustan las leyes que promueve un gobierno cambian el color de su papeleta en la próxima elección. Tal vez no sea lo suficientemente rápido pero sí lo más efectivo. Lo insano es que un juez se cuestione la ley. O que incluso se inhiba por razones de conciencia. Puede encontrar defectos de forma o contradicciones con otras leyes, pero su trabajo estriba en aplicarlas. Para éso estudió y para éso cobra. Si a los partidos de la oposición no les gustan las leyes que se aprueban en la cámara y deciden colocarlas en manos de los jueces, están incurriendo en un error de principios. Pero si los jueces, además, toman en consideración semejantes propuestas entonces estamos perdidos. Significa que cualquier asunto, por nimio que parezca, es susceptible de cuestionamiento, parálisis o revocación, basta con tener en nómina a un puñado de jueces para gobernar un país. Y aunque suene a chiste, no es justo. Si los gays votan a un partido para que haga leyes en favor de los homosexuales, dicho partido coge y las hace - que ya es raro -, y luego viene el Tribunal Constitucional y les cuenta que no son acordes con la Constitución, ¿qué recurso les queda? ¿Sirve de algo un programa electoral? Mientras el PP y el PSOE siguen jugando a la gallina ciega con los jueces, me pregunto si algún día podrá ocurrir que ganen los más conservadores y ambas leyes se declaren inconstitucionales. ¿Tendría que suspenderse el nuevo estatuto catalán? ¿Qué pasaría con todas las parejas gays que han contraído matrimonio hasta ahora? Dicen que las dudas ofenden, pero ¿ofenden todas o unas más que otras?