Ya sé que no se trata de algo nuevo, pero no deja de ser vergonzante que ningún político se dé por aludido y pase lo de siempre: que no dimite nadie. No tendría que ser necesaria la protesta en la calle para que al menos un ejemplo de sentido común se levantara de su poltrona y renunciase en algún sitio. Si la situación económica no es bollante, me parece una razón obvia para que alguien de la Casta, y no hablo de un ministro o del presidente del gobierno —que han tenido tiempo de sobras para tirar la toalla y jamás quisieron entender que este problema iba con ellos— sino de secretarios de Estado y directores generales, algún fantasma incluso entre los batallones de cargos de confianza que pueblan la península podría asumir un ápice de culpa y decir adiós.

  También cabe pedir responsabilidades en autonomías de primera, cuyos jefes y consejeros han tenido la oportunidad de sentar el culo en su parcela de poder y están demostrando que son tan incapaces como los anteriores. Tampoco conozco alcalde ni concejal, de los investidos recientemente, que haya declinado el nombramiento por razones de conciencia. Todos han jurado o prometido sus cargos, sabiendo de antemano que no gobernarán para la mayoría de la población, porque en departamentos y secciones o en concejalías y consejerías, los presupuestos serán tan exiguos como recortables. Entre pueblos, ciudades, regiones y administraciones en general, hay millares de jefecillos que deberían sentirse cuando menos defraudados por no poder hacer sus faenas con dignidad o desempeñar su trabajo con la profesionalidad que se les exige.

   Todos aseguran que la cosa está fea, que no hay perras, pero se agarran al cargo como a un clavo ardiendo. Hace unos años se ponían ufanos asegurando que al trabajar en la administración pública estaban perdiendo dinero, porque un puesto parecido, en la empresa privada se remuneraba mejor. Ahora parece que la dirección del viento ha cambiado tanto que en una institución se está como en ninguna parte. ¿No les parece raro? Sabiendo como sabemos que buena parte de los mandamases, al terminar con su chollo, reciben de premio un sueldazo en un banco, en una de las empresas que privatizaron o incluso en ambos sitios a la vez, ¿por qué no escurren el bulto ahora que están a tiempo? ¿Es una cuestión de amor propio o de mantener la autoridad?

  Si es posible aparcar por un instante la mediocridad del perfil que ofrecen la mayoría de los políticos peninsulares, razón por la cual suelen blindar su retiro con magníficas pensiones públicas que nunca cobrarían en la privada, podemos decir que la mayoría de los políticos actuales, la tropa que puebla los consistorios y los parlamentos autónomos, llega a las instituciones para hacer carrera profesional y labrarse un porvenir a nuestra costa. Los que llevan años, los jefes del cotarro, han hecho de su escaño una forma de vida y no despegarán sus culos del escay ni con agua hirviendo. Ambos tipos de próceres son conscientes de que el movimiento surgido a partir de las manifestaciones del pasado 15 de mayo representa un peligro para la clase más acomodada, de la que sin duda los políticos y banqueros forman parte. No porque vayan a darles una paliza o algo parecido, simplemente por una razón obvia: son la única oposición visible. No están de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. No es lógico que en plena crisis, un alcalde recién elegido —como el de Castellón— se suba el sueldo sin ningún sonrojo y proceda a recortar el de los demás. Ésto no es una democracia, es una tomadura de pelo.